Salento no necesitaba acuerdo para salvaguardar el territorio

2019-07-02

Diego Valencia.


“Salento no necesitaba un acuerdo que prohibiera la actividad extractiva”, sostuvo Diego Valencia Ramírez, experto en ordenamiento territorial, este martes en sesión de la asamblea departamental, promovida por el diputado Luis Alberto Rincón

El invitado explicó que existen dos figuras, una del orden nacional y otra territorial que sumadas blindan el 94% del territorio del ‘Municipio Padre’.  


Figuras protectoras

De acuerdo con el experto, las herramientas que protegen ya el territorio es la del Parque Nacional Los Nevados, que fue elevada a ley de la República, con una segunda ley que es la de páramos, que definió los sistemas de páramos en Colombia. La otra es el distrito regional de conservación de la cuenca alta del río Quindío, que es una figura del orden regional administrada por la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ. 

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Señaló como ejemplo que en Buenavista, a través del Sistema Municipal de Áreas Protegidas, Simap, se logró la protección de esa localidad. Sobre esta, expuso que es importante que la asamblea revise cómo está funcionando, qué se está aplicando, cómo está la sonificación, “hay que revisar esa ordenanza”, indicó. 

Al respecto, el diputado Rincón explicó que “Buenavista logró aprobar un acuerdo que lo blinda frente a posibles exploraciones mineras”. 

Sobre el tema, la presidenta de la asamblea, Paola Marcela Castellanos Acevedo, argumentó que es importante que desde la duma se cree una comisión para revisar el decreto del Simap, para la cual se adhirieron algunos de los diputados presentes. 


Gobernación, palo en la rueda

Respecto al fallo del Tribunal Administrativo del Quindío, TAQ, de invalidar el acuerdo de Salento, una vez fue remitido por la gobernación, Valencia Ramírez aseveró que “la gobernación no puede ser más el palo en la rueda, sino que debe apoyar y adelantar  acuerdos”.

Aconsejó que la aplicación de la norma por parte de los entes territoriales debe ser a través de las zonas superficiales, es decir las área protegidas y ese decreto 2372 de 2010 que le ha dado facultades a los municipios. 

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Agregó: “los recursos del subsuelo no se pueden coartar porque son la fuente de financiación del Estado. El ordenamiento y la planificación ambiental, no es más que un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar”. 

Por parte de la administración departamental, la secretaria Jurídica, Cielo López Gutiérrez, aclaró que el acuerdo se objetó por ser inconstitucional. “Después de estudiar minuciosamente se determinó que era el TAQ el que debía declarar la validez o no de este”. Añadió que esta decisión no quiere decir que el departamento no pueda desplegar otras actividades para defender el territorio.

Las conclusiones

El diputado Rincón acotó sobre la invitación que se le hizo a Diego Valencia, que este fue designado por la asamblea ante la comisión de ordenamiento territorial, y en ese sentido, “se convierte en una persona idónea y fuente válida para que los diputados acudamos a él en un tema tan polémico como la nulidad que el tribunal decretó frente al acuerdo que los concejales de Salento sancionaron en defensa de los recursos naturales”. 

Agregó que es importante que la comunidad sepa que así ese acuerdo haya sido anulado por el TAQ, la localidad tiene otras posibilidades de defensa frente a la megaminería. “Respecto a la nulidad del acuerdo, hubo una excelente respuesta de la comunidad por diferentes medios y es muy importante que reaccionemos frente a cualquier asomo de abuso, no podemos estar confiados pero sí tranquilos de que tenemos instrumentos para blindar el territorio”.